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Policía y Guardia Civil se hartan de la ‘okupación’ y estudian un protocolo común

6 septiembre 2020
Policía y Guardia Civil se hartan de la 'okupación' y estudian un protocolo común

Policía Nacional y Guardia Civil se han hartado de la carencia de un procotolo común en frente de la okupación y de la disparidad de reglas que rigen cada cuerpo y cada zona. Por eso, mandos de los dos cuerpos se han reunido esta semana para sentar las bases de un reglamento único, con la pretensión de desarrollarla en los próximos meses.

Para ello han tomado como base la instrucción que el fiscal general de Islas Baleares firmó en el mes de junio de 2019, que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalojo de una residencia en un extenso abanico de casos sin requerir una resolución judicial.

Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli resaltan el “hartazgo” que se vive en los dos cuerpos frente a la diferencia de criterios que hay en España para hacer en frente de la okupación; no solo entre Policía o bien Guardia Civil, asimismo entre cada zona. 

Mandos policiales y del Instituto Armado se reunieron esta semana para establecer las bases de un protocolo común contra los ‘okupas’

No hay uniformidad entre las instrucciones dictadas por los fiscales; tampoco entre los protocolos que rigen cada comisaría o bien comandancia. Y esa multiplicidad, afirman exactamente las mismas fuentes, provoca disparidad del número de demandas entre las Comunidades Autónomas mientras que complica el trabajo de agentes y jueces.

Las mismas fuentes especifican que mandos policiales y del Instituto Armado ya se han sentado -en una asamblea que se ha festejado esta semana- para establecer las bases de ese protocolo común. En última instancia, esperan contar con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y escribir un documento único.

Un resultado afín al que Bartolomé Barceló Oliver, fiscal general de Baleares, consiguió en el mes de junio de 2019, al aprobar una instrucción sobre la okupación que contó con el apoyo del jefe superior de la Policía en la zona, del coronel jefe de la Guardia Civil y de los máximos representantes de las distintas policías locales.

El caso balear

La instrucción diferencia entre el empleo que hacen los dueños de las residencias para determinar de qué forma deben actuar las fuerzas de seguridad. Para ello, el fiscal recoge la opinión de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que define la relación que el dueño tiene con cualquiera de sus domicilios. Dicha relación se fundamenta en el término de “posesión”: si el dueño ejercita algún género de actividad en esa residencia -vivienda frecuente, segunda vivienda, negocio o bien alquiler-, entonces practica el término de “posesión” sobre ella.

En todos esos casos, el fiscal insta a las fuerzas de seguridad a actuar “de manera directa y inmediatamente”, deteniendo al autor de la okupación en los casos precisos. También insta a los agentes a educar un atestado en el que especifiquen el resto actividades constitutivas de delito en las que pueda incurrir el okupa para tomar las medidas judiciales oportunas.

Lla instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común

Los miembros de las fuerzas de seguridad se hallan con más contrariedades en Baleares para ejecutar un desalojo caso de que el dueño de una residencia no ejercite esa “posesión” sobre la misma. Bajo ese paraguas se hallan, eminentemente, las residencias en estado de abandono o bien de semi-abandono, y la entrada en ellas no se consideraría, a priori, un delito tan claro como en los preceptos precedentes. Por ello, si el dueño lo requiere, las fuerzas de seguridad deberían recurrir ya antes a las pertinentes medidas judiciales.

Un 40% más de denuncias

Según fuentes de seguridad, la instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común, si bien todavía no se han marcado un horizonte temporal para su desarrollo o bien implantación. Aseveran que una instrucción bajo estos términos “facilitaría” la coordinación de los cuerpos policiales -más todavía si la Fiscalía General del Estado lo apoya con su firma-, pese a las diferencias de criterio que hay entre las Comunidades Autónomas.

De pacto a los datos que maneja el Ministerio del Interior, el número de demandas por okupación se ha disparado en España un 40% en los últimos 4 años. Cataluña es la zona donde se genera un mayor un incremento, con tres.611 demandas en el primer semestre de 2020, seguida de Andalucía (dos.535 demandas en exactamente el mismo periodo de tiempo). En la Comunidad de Madrid, por contra, la cantidad se redujo hasta los 657 casos, un nueve con cinco% menos en comparación con año precedente.

Policía y Guardia Civil estiman que la diferencia de criterio entre las zonas complica su trabajo en frente de las okupaciones ilegales de residencias. Y esperan que un protocolo único sirva para mudar drásticamente la tendencia creciente de los últimos tiempos.

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