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Negación a una opción alternativa

11 septiembre 2020
Casado, los apuros del eterno opositor

La acusación de un fiscal en la Audiencia Nacional basta y sobra, caso cerrado. La presunción de inocencia -un derecho que distingue a una democracia liberal de todo lo demás- se vuelve a eliminar, desde el punto de vista político, en el proceso abierto por la investigación del espionaje a ex- tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas desde el ministerio del Interior en los años 2102 y 2013. Un caso en el que converge todo lo peor que puede ocurrir en un Estado que lleva por nombre de Derecho, conforme la investigación desarrollada por la Fiscalía con una ex- ministra del Gobierno de Sánchez a su mando. No ha dado tiempo a que el juez estudie y responda al fiscal. Los portavoces de la mayor parte parlamentaria, Lastra y Echenique, se han lanzado a la yugular. Todo un balón de oxígeno que da aire y sobre todo deja echarle un capote a un Gobierno necesitado de tapar una administración descubiertamente mejorable.

Desde los miles y miles de fallecidos sin reconocer en España por la epidemia hasta la siempre y en todo momento inquietante financiación de Podemos o bien los ataques desde en el Gobierno de España a instituciones del Estado como la monarquía parlamentaria y el poder judicial. La comisión de investigación al Partido Popular es redundante con la efectuada por el fiscal y, como de costumbre, solo servirá para ofrecer un espectáculo televisivo sin costo que esconda la crisis económica y las contrariedades del Estado para llegar a fin de cada mes, a la espera de un rescate europeo que, como tantas otras cosas, va a ser camuflado por la inescrupulosa comunicación política que se practica desde el poder.

De instante estamos en el primer tercio de esta lidia. Para llegar a la estocada de una sentencia, los señalados por el fiscal habrán de ser investigados por el juez, interrogados y en su caso procesados

La gravedad de la acusación del fiscal está fuera de cualquier discusión, acreditando las informaciones periodísticas. Desde la bóveda del Ministerio del Interior se organizó el hurto de información sensible que podría afectar aun al entonces presidente del Gobierno. Si los hechos probados de una futura sentencia se corresponden con lo entregado por el fiscal al juez de instrucción vamos a estar ante un episodio indefinible y ojalá irrepetible. De instante estamos en el primer tercio de esta lidia. Para llegar a la estocada de una sentencia, los señalados por el fiscal habrán de ser investigados por el juez, interrogados y en su caso procesados y después aguardar a que los hechos sean examinados por el tribunal sentenciador.

Incluso con los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, el presente secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, como todos y cada uno de los líderes de ese partido insisten en la inocencia de los condenados en la trama corrupta de los ERES falsos, comenzando por los 2 expresidentes autonómicos y del Partido Socialista Obrero Español, Chaves y Griñán. La sentencia no es firme, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo. Pero las pruebas presentadas por la fiscalía son hechos probados en la vista oral. El Partido Socialista Obrero Español organizó una trama con dinero público para crear una red clientelar en Andalucía usando prácticamente 800 millones de euros para esto. Nunca se ha asumido responsabilidades políticas, ni evidentemente se ha pedido perdón por la malversación del dinero público. Tampoco se ha señalado a Susana Díaz como heredera de aquel sistema o bien la presente ministra de Hacienda, María Jesús Montero por haber formado una parte de un gobierno autonómico que había hecho pegamento con el poder merced al dinero repartido a lo largo de por lo menos diez años.

Pablo Casado no tiene exactamente la misma suerte y ya ha sido responsabilizado, entre otras muchas razones, por haber recibido los votos del ámbito de Dolores de Cospedal en las primarias de su partido. También por el hecho de que ya antes fue portavoz, desde 2015, cuando debió proteger al Partido Popular de todo cuanto se estaba publicando y que, 5 años después, el fiscal asevera que es cierto. Por si fuera poco, no se recuerda cada minuto -algo lo debería hacer mismo- que tanto Casado como su número 2 Teodoro García Egea, soportaron presiones de todo género, y se negaron a incluir al ex- ministro Jorge Fernández Díaz y el ahora despechado ex- secretario de Estado, Francisco Martínez, en las listas electorales de 2019, poniendo el cortafuegos que ahora les salva de la quema.

El desastre organizado por la bóveda de Interior en el Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en 2011, brota a la superficie poniendo en marcha un ventilador que agrega otro obstáculo al intento de Pablo Casado de transformarse en opción alternativa, tan precisa como indispensable en esta crisis con múltiples patas. Mientras Sánchez prueba ser un prestidigitador de primera importancia, se regocija con la tosquedad del nacionalismo de Vox, que le obsequia lo oídos con el franquismo, y aprieta al Partido Popular en todos y cada uno de los terrenos a fin de que ceda y se rinda. Casado se enrocó en la negociación de la renovación del Poder Judicial, Moncloa filtró ahora un mensaje privado y en dos días ya está el Partido Popular, otra vez, camino del cadalso con la fiscalía de Delgado como verdugo. El caso del espionaje a Bárcenas puede terminar afectando aun al ex- presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o bien no , conforme en las advertencias de su ex- secretario de Estado de Seguridad. Casado se encara a otro cabo de Hornos en su corto orden al frente del Partido Popular. No es un tema menor, está en juego la existencia de una opción alternativa que refuerce la tambaleante democracia del 78. La negación de la existencia de dicha opción alternativa está a punto. Sánchez ceba a Vox y los de Abascal admiten la pinza para conformarse en el intercambio con los restos de un posible naufragio de Casado.

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