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Inmigrantes ilegales mayores de edad entran en centros de menas en Jaén para conseguir la nacionalidad

7 septiembre 2020
Inmigrantes ilegales mayores de edad entran en centros de menas en Jaén para lograr la nacionalidad

El Informe Anual de la Fiscalía publicado este lunes ha denunciado determinadas prácticas de inmigrantes ilegales que entran en España para, todavía siendo mayores de edad, entrar en los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). Jaén, ir más allá, es una de las provincias andaluzas perjudicadas.

Desde la Fiscalía ponen en valor la tarea de la Policía Nacional en este campo, puesto que es la encargada de efectuar las pruebas de ADN para determinar el vínculo familiar entre los menores y adultos que manifiestan ser familia sin pruebas fehacientes. En este sentido, apunta que se han practicado 650 pruebas en 2019, de las que 574 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación y 36 están pendientes.

Sobre este tema, el documento reconoce que se han localizado nuevas fórmulas irregulares o bien ilícitas que están dilatando y distorsionando el sistema, que han dado sitio a la presentación de demandas penales. Como ejemplo, pone el caso recogido por la Fiscalía de Jaén, en el que algunos extranjeros aducen ser menores para ir a un centro y pedir allá el asilo, desvelando después que son mayores de edad, en el momento en que ya se les ha concedido. «Lo hacen de esta forma por el hecho de que en los centros de menores les logran el pasaporte y otra documentación con mayor agilidad, al contar con asesoramiento», apunta la Fiscalía.

Más graves, apunta, fueron los casos denunciado por la Fiscalía de Las Palmas, tras observar que personas mayores de edad, que aun estuvieron condenadas a penas privadas de libertad en España y cuya pena fue reemplazada por expulsión, regresaban a España en patera y manifestaban ser menores. En estos casos, la recensión no se hace de forma inmediata, pues no hay personal suficiente para comparar las huellas.

Con este documento, la Fiscalía desea enseñar la relevancia del registro de estos menores no acompañados, como «un instrumento esencial en la protección, identificación y documentación de los menores». Sin embargo, reconoce que, «para que consiga su plena eficacia» es preciso que «quienes deben nutrirlo transmitan con la celeridad conveniente los hechos o bien actos inscribibles».

«Así se hace, en general, cuando el dato relevante depende de los miembros del Ministerio Fiscal», se defiende el organismo, que demanda, no obstante, que a veces «se generan déficits» de información cuando este procedimiento se acepta por la parte de «otras instituciones», como entes autonómicos, que «no comunican con el rigor preciso y sin retrasos» los datos logrados del menor, «a pesar de que son trascendentes», explica la Fiscalía, para «ubicarlo».

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