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«Fue ideal para contener la pandemia»

14 septiembre 2020
"Fue idónea para contener la pandemia"

La Fiscalía del Tribunal Supremo acredita el papel desempeñado por el Gobierno frente a la covid-19 y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad sobre las manifestaciones del ocho-M. En un extenso informe en el que rechaza que se estudien un total de 20 demandas presentadas contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez mantiene que su contestación fue «ideal y razonable para contener la pandemia».

Sobre las marchas en defensa de la mujer remarca que las Delegaciones de Gobierno no tienen competencias en materia sanitaria y que solo podrían haber impedido las concentraciones en caso de suponer un inconveniente de orden público. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no acepte a trámite las más de veinte demandas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la administración de la pandemia del coronavirus.

Sobre “la acción desarrollada por el Gobierno desde el día 14 de marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, no puede sino más bien concluirse que la acción ejecutada por los demandados en pro de la tutela de la salud pública de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas residentes en territorio nacional resultó frenética, así como -al menos de acuerdo al actual estado de la ciencia- idónea o bien, cuando menos, razonable para contener la pandemia”, afirma el documento recogido por Vozpópuli.

Gestión del ocho-M

Argumenta que “hasta la data no se han hallado otras opciones alternativas efectivas frente al contagio de COVID-19, al lado de las medidas de confinamiento, prevención y también higiene impuestas por el Gobierno, del mismo modo idóneas para mitigar o bien atenuar los efectos de aquella enfermedad”. Destaca además de esto la “ingente actividad desarrollada por el Gobierno de España con la aprobación de cientos y cientos de reglas dirigidas a tutelar la vida y también integridad de todos y cada uno de los ciudadanos».

A lo largo de un extenso informe de 310 folios, la Fiscalía responde una a una todas y cada una de las demandas presentadas contra el Gobierno, incluyendo una secundada por tres.000 personas. Se les acusaba entre otros muchos delitos de homicidio y prevaricación. En sus razonamientos incluye un apartado titulado: “Actuación desarrollada por el Gobierno con relación a las manifestaciones festejadas el ocho de Marzo de 2020 con motivo del “Día Internacional de la Mujer”. En este punto, la Fiscalía del Alto Tribunal, descarga la responsabilidad en los gobiernos autonómicos. 

“En data ocho de marzo de 2020 los miembros del Gobierno de España no ostentaban competencias para prohibir las manifestaciones que se festejaron a lo largo y ancho de España”, afirma. A su juicio, eso es una competencia de los encargados del Gobierno, mas al tiempo matiza que estos “no ostentan competencias en materia sanitaria”. “De ahí que pueda concluirse que la única administración competente en fecha 8 de marzo de 2020 para aprobar restricciones a la libertad de circulación o al derecho de manifestación por razones de protección de la salud pública correspondiera a las administraciones autonómicas”, concluye.

En descargo del Gobierno cita un documento difundido por el Ministerio de Sanidad, (“Comparecencia sobre las actuaciones desarrolladas en relación con el Coronavirus (Covid-19”) conforme el que, fue justo la noche del ocho de marzo, horas tras la manifestación central de la jornada, cuando les comunicaron un repunte significativo de contagios en Madrid: “Fue en la noche del domingo 8 de marzo, como ya hemos contado, cuando se nos comunicó un importante incremento del número de casos en la Comunidad de Madrid”.

Compra de mascarillas

En cualquier caso, la Fiscalía expone que “el conocimiento científico de la covid-19 existente a finales de febrero y principios de marzo de 2020 se hallaba notablemente alejado del actual” y como ejemplo afirma que la mayor parte de países del “entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas” en España. “En terminante, las reglas de la lógica y la sana crítica dejan acabar que resulta simplemente imposible aseverar que nuestras administraciones debiesen haber previsto un escenario como el que por último se produjo”, concluye.

El ministerio público asimismo rechaza que el Gobierno cometiese cualquier clase de delito en la adquisición de ocho,8 millones de mascarillas FFP2 a la compañía china Garry Galaxy, «ya que no incumplió ningún procedimiento establecido en la adquisición de las citadas mascarillas y la defectuosidad de exactamente las mismas estaba en ese instante fuera de su conocimiento. Además, todo ello hay que ubicarlo en el contexto de aquellas datas, con una escasez fundamental de equipos de protección en los mercados nacionales y también internacionales, así como la prisa para la adquisición y distribución de los mismos«, completa el escrito de la Fiscalía, que responde a las demandas de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.

La Fiscalía tampoco ve delito en la adquisición y reparto de test del coronavirus deficientes, puesto que el contrato se adjudicó a Interpharma; «siendo esta la que se comprometió a adquirir test idóneos para el diagnóstico rápido de Covid-19. Y, por ende, resultando esta la compañía que, con claro incumplimiento de sus obligaciones establecidos, adquirió de una mercantil de de origen chino productos defectuosos«, resalta el escrito, que exime al Gobierno.

Y por último el Ministerio Fiscal asimismo rechaza que el Ejecutivo de Sánchez pudiese ser cometido prevaricación al negarse a facilitar la composición de los especialistas en sanidad que aconsejan al Gobierno de España a lo largo del estado de alarma: «Lo es cierto que en el artículo de opinión que se anexa al texto de la demanda se señala la identidad de aquellos especialistas, apostillándose que exactamente la misma resultó ofrecida por el presidente del Gobierno en data 1 de febrero de 2020«, zanja el documento dirigido al Tribunal Supremo.

El Supremo debe decidir

El informe lleva la firma del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Todavía tiene pendiente de informar sobre su parecer a este respecto de treinta demandas presentadas asimismo contra el Gobierno. Quien presenta una demanda, manifiesta su voluntad de formar parte en el procedimiento. En la demanda solo se exponen hechos, mas no implica formar parte en el procedimiento ni es preciso identificar a los responsables. Tras este pronunciamiento de la Fiscalía, el Tribunal Supremo deberá tomar la resolución de si decide investigar o bien no al Ejecutivo.

En la preparación del informe han cooperado el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, como la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral.

Los demandantes son el partido Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (Cesif), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, como distintos particulares, aparte de un colectivo de 3268 personas.

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