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Fiasco de la adquisición centralizada de material: las CCAA huyen de Sanidad y salen al mercado

28 diciembre 2020
Fiasco de la compra centralizada de material: las CCAA huyen de Sanidad y salen al mercado

La error de entendimiento entre Comunidades Autónomas y Gobierno central ha sido una de las grandes dificultades en la encargo de esta pandemia. Y la adquisición de material váteres un claro ejemplo de ello. Según ha podido conocer ellos, las comunidades están comprando por su cuenta el material para proteger a sus sanitarios pese a que el Ministerio de Sanidad cerró a principios de diciembre la selección de proveedores para el suministro, valorado en 2.500 millones.  

“Tenemos stock para los próximos cinco meses con las compras que hemos realizado de forma autónoma”, explican fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. “Nos registramos en el Acuerdo Marco de Sanidad pero, de momento, no pensamos hacer uso de ello”, añaden. 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid igualmente declara que han funcionado “sin este acuerdo ámbito, utilizando nuestra central de compras como hasta ahora”. Además, Madrid cuenta con su propio stock de material váter “para cerca de 75 días”. Fuentes del gobierno regional de Castilla y León aseguran que esta comunidad igualmente ha utilizado igualmente sus propios contratos con proveedores, vigentes desde hace meses.

El factótum que ha afectado esta error de entendimiento ha sido el retraso de la oferta. Sanidad arrancó el proceso en agosto, con el objetivo de ofrecer esta vía a las comunidades antaño de octubre, pero no ha terminado la selección hasta el pasado 1 de diciembre. Una aplazamiento que ha provocado que cada gobierno regional buscara soluciones en el mercado, principalmente, para la adquisición de test, que ha sido la longevo carencia de la segunda ola. 

“Las Comunidades Autónomas ya pueden comprar a los proveedores adjudicatarios que han firmado el Acuerdo Marco”, explican desde Sanidad a este medio. “Por tanto, han sido incorporadas al Catálogo de Compras Centralizadas del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Es decir, los lotes de la primera adjudicación están todos colgados en el catálogo y disponibles para materializar los suministros derivados. Los responsables de compras de las Comunidades Autónomas están perfectamente informados de estas novedades”, añaden. 

¿Por qué se ha centralizado?

Los sanitarios fueron uno de los grandes damnificados durante la primera ola del coronavirus por la error de material de protección. Comunidades y Gobierno central luchaban en un mercado internacional estresado por reincorporación demanda que provocaba la pandemia. En verano, durante la escalón de desescalada, el Ministerio de Sanidad pensó que la mejor guisa de no repetir este ‘caos’ era centralizar estas compras de cara a una segunda ola. 

Para ello, el equipo de Salvador Illa diseñó un software para la dilema de proveedores para una adquisición centralizada valorado en 2.500 millones de euros para la adquisición de 3.700 millones de unidades de materiales como guantes, batas, mascarillas o tests durante los dos próximos primaveras. 

Todas las comunidades se apuntaron a este acuerdo ámbito, excepto la Comunidad Valenciana. También demandaron material por esta vía el Ministerio del Interior, Defensa y el propio INGESA. “El proceso ha sido y está siendo arduo, dado que se han presentado en plazo 155 empresas, con un total de 475 ofertas a los once lotes publicados. Esperamos poder concluir los primeros lotes en los próximos días”, señalaban en octubre fuentes de Sanidad a ellos.

La intención auténtico era cerrar el ‘megacontrato’ antaño del mes de octubre, que es cuando Sanidad esperaba que llegase la nueva oleada del coronavirus. Pero la pandemia se disparó antaño de tiempo y cada dependencia tuvo que personarse al mercado por su cuenta. 

Un ‘megacontrato’ accidentado

La formulación de este ‘megacontrato’ fue accidentada desde sus orígenes. En julio, el primer esbozo para la oferta de esta megacompra centralizada determinaba unos aspectos técnicos que marginaba a las pequeñas empresas españolas. En el apartado de solvencia económica se exigía a las compañías facturasen “el total del precio del partición al que se quiera optar”.

Este punto dejaba de costado a las pymes en gracia de las multinacionales, las únicas capaces de presentar una solvencia económica tan reincorporación. Poco posteriormente de esta polémica, el Ministerio de Sanidad suspendió esta primera oferta, argumentando que más comunidades autónomas habían pedido incorporarse al acuerdo. El convenio ha pasado por múltiples revisiones y en plena tercera ola, la sonada ‘megacompra’ sigue sin favor sido utilizada por las comunidades autónomas.

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