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“Es un atropello a la libertad”

17 noviembre 2020
"Es un atropello a la libertad"

La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha demandado este martes al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la paralización de la ‘ley Celaá’ por el hecho de que estiman que es «un atropello a la libertad».

Cesur ha expresado este martes que «el nuevo proyecto de educación del Gobierno de España no ayuda a prosperar la calidad de la enseñanza en nuestro país», con lo que ha concluido que «no podemos continuar indiferentes frente a lo que estimamos un atropello tanto para la iniciativa privada para la libertad educativa».

A través de un comunicado, Cesur ha trasladado que «queremos enseñar nuestra discrepancia con el presunto beneficio cultural, pedagógico y económico que sostienen ciertos puntos» del proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), famosa de forma coloquial como la Ley Celaá, en referencia a la ministra promotora del cambio legal, Isabel Celáa.

El Congreso de los Diputados discute este jueves, 19 de noviembre, el proyecto de ley. «Cesur, por medio de CEYS (Círculo de Economía y Sociedad), hemos mostrado nuestro compromiso, desde su fundación, con el desarrollo de una educación de calidad», ha afirmado.

La Asociación de Empresarios del Sur de España, que ha argumentado que «apostamos por una educación de calidad en los niveles obligatorios para prosperar las condiciones socioeconómicas del sur de España», ha sostenido que «creemos que esta nueva ley va en menoscabo de la educación de calidad y complica de forma directa a la libertad de empresa de los centros concertados, mientras que mengua la libertad de elección de los progenitores para seleccionar la educación que desean para sus hijos».

En referencia a la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, Cesur ha trasladado que «además de lesionar probablemente un apartado constitucional, es una traba a fin de que los pupilos alcancen el dominio pleno de la lengua española al terminar la educación básica».

«La Ley Celaá establece que los centros concertados no van a poder percibir cantidades de las familias de sus pupilos, algo que pensamos que afectará de lleno a la independencia económica de estos centros -que no se logra tampoco hoy en día- y que, a la par, va a ahogar a los centros de educación impidiendo su permanencia en el tiempo», ha apuntado Cesur.

«Tampoco vemos positivo que los pupilos puedan pasar de curso con asignaturas suspensas», ha apostillado Cesur, que ha proseguido estimando que «es preciso que en los proyectos educativos prime la capacitación académica de los pupilos por sobre las estadísticas de aprobados de los centros».

Sobre el cierre de los centros de Educación Especial que plantea la LOMLOE, Cesur ha manifestado que «es un paso atrás para el sistema educativo de este país, aparte de una ofensa a personas desfavorecidas y de conocimiento de estas situaciones -tanto médicas como educativas- para tratarlas con los medios adecuados».

«Consideramos lesivo para la independencia profesional de los inspectores educativos que estos cargos dejen de ser escogidos por oposición, como contempla la normativa actual», ha proseguido explicando la Asociación de Empresarios del Sur de España.

«Por todas y cada una estas razones, sería totalmente razonable inmovilizar el nuevo proyecto de Ley educativa y buscar opciones alternativas con base científica a los apartados más cuestionados, con vistas a escribir un nuevo proyecto que produzca más acuerdo en la comunidad educativa», ha concluido Cesur.

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