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Empresarios afectados por el coronavirus reclaman indemnizaciones al Gobierno

13 febrero 2021
Empresarios afectados por la pandemia reclaman indemnizaciones al Gobierno

La Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19 (PEACovid-19), constituida en marzo de 2020 como una corporación jurídica en defensa de los intereses del patronal, ha reclamado al Estado indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de una “gestión anormal” de la pandemia de coronavirus.

Según explica el portavoz de la entidad, Javier Candela, en una entrevista con Efe, el principal objetivo de la plataforma es “compensar las medidas adoptadas por el Gobierno a partir del primer estado de alarma”, que considera “contradictorias, incoherentes, restrictivas y penalizadoras” para los negocios.

La entidad presentó en diciembre de 2020 una exigencia de responsabilidad patrimonial por vía administrativa, con el fin de “recuperar el gasto sufrido y los beneficios medios perdidos” de las empresas, así como “contribuir a la regeneración del tejido empresarial”.

Para calcular el enumeración del “lucro cesante”, valorado en más de 200 millones de euros por la plataforma, las empresas adheridas han conveniente elaborar un mensaje pericial financiero basado en una comparativa de ejercicios anteriores.

Si el Gobierno no avala a la exigencia en los próximos seis meses, se decretaría el silencio oficial y la plataforma presentaría “al día siguiente” una demanda, ya redactada, delante el Tribunal Supremo.

“El equipo jurídico ha estado trabajando en la demanda durante un año para elevar las probabilidades de éxito, hasta el punto que ya está por los 350 folios, 500 si contamos los anexos”, añade Candela.

Javier Candela es asimismo el propietario de una empresa distribuidora de bebidas, que empezó a resultar afectada cuando, a principios de 2020, las importaciones desde China “comenzaron a generar bastantes problemas” a raíz de los primeros brotes.

Amparo institucional

Ante la situación, el patrón buscó “amparo institucional” hasta dar con el abogado y fundador de la plataforma, Juli Prat, que “empezó a trabajar en la demanda el 10 de enero, con la primera alerta de la OMS”.

En declaraciones a Efe, Juli Prat, propietario de dos complejos de cines y diversos locales de ocio noctívago, asegura que resultó “muy perjudicado” cuando sus establecimientos quedaron totalmente cerrados, por lo que decidió crear PEACovid-19 inmediato a un equipo de expertos.

La demanda, apoyada por más de 30 argumentos jurídicos, se basa en la infracción de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la empresa o el derecho a la libre circulación”, afirma Prat.

El abogado considera que el confinamiento y otras medidas restrictivas infringieron “desde la Constitución, pasando por leyes orgánicas hasta llegar a leyes ordinarias” y éstas, añade, “están para cumplirlas”.

Demanda delante el Tribunal Supremo

Prat cree que la Administración “no dirá nada o desestimará ya de entrada”, por lo que, transcurridos los seis meses, se presentaría la demanda delante el Tribunal Supremo y el Estado tendría 20 días hábiles para presentarse.

“Confío en la profesionalidad y la competencia de los magistrados del Tribunal Supremo, libres de influencias externas”, concluye Prat, aunque no descarta resistir hasta los tribunales europeos si hiciera desliz.

En la ahora, PEACovid-19 cuenta con el apoyo principal de empresas del sector de la hostelería y el ocio noctívago, entre las que destacan las asociadas a la patronal Spain NightLife o a la Federación de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).

Javier Candela afirma que no pueden dar un apunte concreto de las adhesiones a la plataforma porque “es un número que fluctúa demasiado” y, encima, deben “guardar la confidencialidad de los clientes en todo momento”.

Los empresarios que se quieran adherir a la demanda conjunta pueden hacerlo con el “pago de entre 200 y 300 euros simbólicos, lo suficiente para hacer las fotocopias”, según manifiesta Prat

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