Saltar al contenido

“El letrado y el inspector prácticamente llegan a las manos”

16 noviembre 2020
"El abogado y el inspector casi llegan a las manos"

Cómo iba a meditar esa mañana del 17 de octubre de 2017 el letrado cordobés Antonio Guillén García que la llamada de su amigo Rafael Gavilán acabaría desembocando en un discute nacional sobre los registros de Hacienda a los impositores, y en una posible reforma de la normativa aplicable.

“Tienes que venir, está la Policía, hay una inspección”, le comunicó por teléfono esa mañana Gavilán, dueño de la Taberna la Montillana. Amigos desde los tiempos del instituto, Guillén García se apuró a desplazarse a las oficinas de la sociedad dueña del restorán, ubicadas en un piso en el centro de Córdoba.

Al llegar allá, Guillén García se halló con agentes de la Policía Nacional, técnicos de Hacienda y también informáticos. Y con el inspector del fisco más conocido en Córdoba, Miguel Osuna, viejo Delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz.

“Lo último que desea un inspector de Hacienda es un espectáculo en un registro”, afirman fuentes del Ministerio de María Jesús Montero

“Al letrado le afearon haber llegado 10 minutos tarde”, recuerdan fuentes que estuvieron presentes en ese registro. El tono entre el letrado y el inspector de Hacienda se fue elevando. Hasta llegar a expresiones del tipo “no me falte el respeto”. Una subinspectora de Hacienda hacía de ‘poli bueno’, al paso que Osuna se sostenía en el papel de ‘poli malo’, comentan exactamente las mismas fuentes. Al final “casi llegan a las manos“.

El registro duró cerca de 2 horas. “Se lo llevaron todo”, comenta Antonio Guillén García en una charla telefónica con este diario. El letrado del dueño del establecimiento cordobés estima que existió “intimidación” en la actuación del inspector Osuna a lo largo del registro. 

Otras fuentes jurídicas próximas a Miguel Osuna vacilan de que verdaderamente la temperatura de la discusión fuera tan elevada ese día. “Osuna es una persona amable, sabe que está regulada su actuación, no creo que perdiese los nervios”, apuntan.

El inspector al cargo del registro del restorán cordobés fue condenado en 2015 a abonar dos,5 millones de euros

El inspector de Hacienda Miguel Osuna arrastra desde hace 15 años un enfrentamiento judicial muy conocido en Cádiz. En marzo de 2015 fue condenado a devolver dos,6 millones de euros por negligencia en el llamado caso Rilco, como publicó entonces el diario ABC. El pasado mes de septiembre fue exculpado en el llamado caso Quality Food.

“Lo último que desea un inspector de Hacienda es montar un escándalo”, afirman fuentes del Ministerio dirigido por María Jesús Montero, en defensa de la actuación de los inspectores. “Un registro no se hace sin el permiso de un juez o bien del impositor inspeccionado”, resaltan.

Las fuentes consultadas recuerdan que ese día se procedió al registro de 2 restoranes y de la oficina desde la que se administraban los locales, propiedad de Rafael Gavilán. En el piso de Córdoba están registradas y domiciliadas diferentes empresas, que comparten oficina. “Se llevaron documentación de otras empresas que no tenían nada que ver, aun se llevaron el disco duro de un PC de un procurador que lo tenía allá guardado, fue todo desmedido”, recuerda el letrado Guillén García.

Amigos del colegio

Los dueños de La Montillana “son una familia trabajadora”, asevera. “No era un caso de fraude, de blanqueo, no había nada turbio, fue una inspección de campaña, sencillamente le tocó, mas en vez de mandar un requerimiento se decidió hacer esa inspección presencial”, asegura el letrado.

Si la sentencia del Tribunal Supremo se hubiera retardado un tanto más, la compañía debería haber presentado concurso de acreedores

Guillén García presentó recurso de apelación contra el auto del juzgado cordobés que había tolerado el registro de las oficinas y de los restoranes. Pero el ocho de marzo de 2019, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, lo desechó. El letrado y su cliente del servicio acordaron insistir y presentar recurso de casación.

“Rafael y somos amigos desde el instituto, si no fuese de este modo, si no existiese la confianza mutua que hay, posiblemente no hubiésemos llegado al Supremo, a sabiendas de que solo uno de cada 200 recursos de casación tiene éxito”, apunta el letrado.

Un juzgado justificó el registro por el hecho de que los ingresos de los restoranes inspeccionados eran inferiores a los de la media nacional

“Si la sentencia del Supremo hubiese tardado más, la compañía se habría debido declarar en concurso de acreedores, no hubiese podido encarar ese pago, las liquidaciones de Hacienda no se detienen”, apunta. El registro golpeó la imagen de los restoranes inspeccionados. “En Córdoba todo el planeta se conoce, y una inspección de este modo, con policía en las puertas de la oficina, corre como la pólvora”, lamenta el letrado.

Sentencia del Supremo

El pasado 1 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del Tribunal Supremo falló en favor del recurso de casación presentado por el caso de la inspección de la tasca cordobesa.

En la sentencia, de la que fue comunicante el juez Francisco José Navarro Sanchís, se exponen las enclenques razones que justificaron aquel registro. Y se insta, y acá está la trascendencia de la sentencia, a una reforma normativa.

Sería precisa una ley habilitante de la entrada para casos diferentes de la ejecución forzosa de actos de la Administración”, afirma el Supremo

“Se precisaría -para eludir la grave precariedad y también imprecisión de las reglas que tenemos que manejar– una ley de desarrollo del artículo 18.2 CE, cuyo contenido no es en sí suficiente para regular todos y cada uno de los aspectos y límites del derecho esencial a la inviolabilidad del domicilio”, afirma la sentencia, “sin perjuicio de estimar que, además del rango, sería precisa una ley (ahora en sentido material) habilitante de la entrada para casos diferentes de la ejecución forzosa de actos de la Administración”.

“La sentencia, éticamente, es muy satisfactoria”, comenta el letrado Guillén García. “Pero lo más esencial es que se tendrá que realizar una ley para regular los registros”, opina.

Los jueces del Supremo mencionan en su sentencia a los inmotivados criterios que se prosiguieron para justificar el registro que se hizo de la Taberna la Montillana y los otros locales. La orden judicial que dejó aquella inspección se fundamentó en que los datos de negocio del restorán cordobés eran inferiores a la media nacional, de lo que podría deducirse que sus dueños estaban escondiendo ingresos, defraudando a Hacienda.

No proceden las entradas para descubrir qué tiene el comprobado”, afirman los jueces

“Cuando la sospecha se funda en una fuente de ciencia tan evanescente y laxa, de origen tan misterio, con base estadística o bien comparativa no contrastada ni, que se sepa, publicada, deben quedar de manera firme establecidos, cuando menos, como punto de inicio, cuáles son los criterios que llevan a la Administración a aferrarse a esa definitiva conclusión”, afirma el Supremo.

“No cabe acceder al domicilio definido en el artículo 18.2 CE con un propósito meramente prospectivo”, inciden los jueces del Supremo. “No proceden las entradas para descubrir qué tiene el comprobado”, resaltan.

El factor sorpresa

El caso del registro del establecimiento cordobés y la sentencia del Supremo ha derivado en un discute nacional sobre la regulación de las entradas de Hacienda en domicilios y empresas. El Gobierno examina la posibilidad de reformar la normativa aplicada hasta el momento.

En algún registro hemos visto de qué forma el cursor de un PC de una oficina inspeccionada se movía solo”, comentan en Hacienda

Los jueces del Supremo asimismo mencionan en la sentencia a la justificación de hacer los registros por sorpresa. “El auto [del juzgado que permitió el registro de los locales en Córdoba] no deja margen a otras posibles opciones eficientes y menos costosas, puesto que se basa en una visión automática que conecta de forma precisa y directa la inspección de la actividad mercantil con la entrada sin anuncio anterior al titular en su domicilio, tal y como si fuera una resolución sin opción alternativa posible”, advierten.

“Una cosa es no anunciar la visita (…) y otra bien diferente es no dar nueva de un procedimiento inspector, no solo no notificado sino más bien no abierto todavía, solo en el como cabría la adopción de semejante medida de instar la petición de entrada”, apuntan.

Desde que se conoció la sentencia del Supremo, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha insistido en la necesidad de sostener el factor sorpresa de los registros, y ha advertido que eliminarlo privaría a la Inspección de una capacitad esencial para destapar el fraude fiscal.

Las fuentes consultadas por este diario en el Ministerio de Hacienda resaltan asimismo la relevancia de ese factor sorpresa en los registros.

“La gente no sabe lo que nos hemos llegado a localizar”, comentan. “En ocasiones, hemos visto de qué forma el cursor de un PC de una oficina que estábamos registrando se movía solo, por el hecho de que estaban destrozando ficheros en remoto“, apuntan.

A %d blogueros les gusta esto: