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Dolores Delgado y el trabajo sucio

15 septiembre 2020
Dolores Delgado y el trabajo sucio

«Frenética». «Razonable». «Idónea». Así ha sido la administración gubernativo de la pandemia del coronavirus conforme la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por ello, los fiscales solicitan a los jueces que desechen 20 demandas presentadas contra el Gobierno. Oh, qué sorpresa planetaria. Ya lo afirmaba el propio Pedro Sánchez hace unos meses, inmediatamente antes de las últimas elecciones generales, para alardear de su intento de traer a España a Carles Puigdemont. ¿Lo recuerdan? «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». 

Aquella expresión del presidente del Gobierno, que a propósito entonces debió corregir pues la maniobra electoral había sido demasiado tosca, mana de exactamente la misma raíz que aquello de «la Fiscalía te lo afina» que afirmaba el entonces ministro del Interior y ahora resucitado para el calvario Jorge Fernández Díaz. O bien aquello de «es increíble, ¿esto lo sabe Conde-Pumpido?» que afirmó en la Audiencia Nacional el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, al enterarse de que el Ministerio Público solicitaba cárcel para él en plenas conversaciones del Ejecutivo con ETA. 

Recuerdo estos precedentes pues la administración del Gobierno de la pandemia ha podido ser «furiosa», sí, mas no semeja tan «ideal» ni tan «razonable» como defienden los fiscales del Supremo. ¿Qué pintan esos términos en un escrito de esta naturaleza? La interesante duda jurídica sobre si los evidentes fallos en la administración gubernativo pueden o bien no ser perseguidos en los tribunales queda arrumbada de nuevo por esa inaguantable sensación de partidismo y obediencia de la Fiscalía

Desde que Sánchez decidió poner como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ex- ministra de Justicia en su gobierno, cualquier actuación relevante de los fiscales está (y va a estar) manchada por la lícita sospecha de parcialidad para favorecer los intereses gubernamentales

Tengo para mí que la enorme mayoría de fiscales, tal vez asimismo los del Supremo en un caso así, actúan con un alto grado de independencia. Pero para miles y miles de ciudadanos la Fiscalía es solo un apéndice más del Ejecutivo y, por tanto, los representantes del Ministerio Público son algo como unos abogados defensores de quienes gobiernan. Es decir, quienes hacen el trabajo sucio al Gobierno en los tribunales. Esta visión es reduccionista y hasta es posible que injusta, mas al tiempo resulta lógica. Apuntalada por demasiados hechos. Con el presente Ejecutivo y con los precedentes. 

Ese manoseo indecente que cometen los partidos es lo que más desgasta a las instituciones y dispara la desafección de los ciudadanos cara los gestores de la cosa pública. La realidad es que desde el instante en que Sánchez decidió poner como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, ex- ministra de Justicia en su gobierno, cualquier actuación relevante de los fiscales está (y va a estar) manchada por la lícita sospecha de parcialidad para favorecer los intereses gubernativos.

Más allí de la furia tuitera y el fanatismo ideológico, tan frecuentes, resulta harto complejo esclarecer si los fallos de administración son perseguibles en un juicio. Los jueces del Supremo tienen la última palabra

Más allí de la furia tuitera y el fanatismo ideológico, tan frecuentes como vanos, resulta harto complejo esclarecer si los fallos de administración a lo largo de esta pandemia son perseguibles o bien no en un juicio, pues entre otras muchas cosas se plantea cuáles son los límites de la responsabilidad de los políticos. Los jueces del Supremo tienen la última palabra. Pero el daño ya está hecho. Porque para muchos, Lola -de esta forma la llamaba Villarejo en sus comidas- solo ha cumplido con su una parte del trato con este escrito de los fiscales. Y lo peor, lo trágico para el sistema, es que si bien no sea de esta forma, por lo menos lo semeja.

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