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Delgado anuncia que la Fiscalía va a hacer pública una instrucción para hacer en frente de los okupas

7 septiembre 2020
Delgado anuncia que la Fiscalía hará pública una instrucción para hacer frente a los okupas

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado a lo largo de la apertura del año judicial que la Fiscalía va a hacer pública una instrucción en los próximos días para hacer en frente de los okupas. El acto solemne ha estado encabezado por Felipe VI, que era recibido a las puertas del Tribunal Supremo con chillidos de “¡Viva el Rey!“.

El acto descafeinado por la pandemia de la covid-19 ha estado marcado por las medidas de prevención adoptadas contra la expansión del coronavirus y no se ha ofrecido el tradicional vino de España que reúne de año en año en el salón de pasos perdidos del palacio de Villa de París a los primordiales representantes de la bóveda judicial y fiscal de España.

Durante su alegato, Delgado ha afirmado que “la Fiscalía debe seguir impulsando el proceso ya empezado de apertura cara la sociedad, de permeabilidad frente a las necesidades de la ciudadanía”. Sobre la ocupación de residencias, aseguraba que “en los próximos días, se dictará una Instrucción que aborde el tratamiento por la parte de los y las fiscales de ese fenómeno delictivo“.

También hacía referencia a la sentencia del Supremo contra los golpistas catalanes por el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017: “La sentencia consideró los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de sublevación y de un delito agravado de malversación de caudales públicos, apreciando los dos delitos en concurso medial, de manera que la malversación se consideró delito medio para cometer el fin de la sublevación. Culmina de este modo un proceso penal de singular trascendencia a todos y cada uno de los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad“.

Sobre el terrorismo, Delgado aseveraba que “una vez producida la desaparición de ETA la actividad terrorista acabó, mas no las secuelas de sus acciones“, y asimismo se refería a “la lucha contra la corrupción política prosigue siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal.

La fiscal general examinaba el papel de la Fiscalía en los casos de violencia familiar, los delitos contra la libertad sexual, contra recursos personalísimos por medio de las redes sociales hacía referencia a las personas mayores y/o con discapacidad, trata de humanos, la protección de las víctimas y repasaba los datos estadísticos del Ministerio Público.

“Tenemos la ilusión, la voluntad y el tiempo precisos para hacer realidad todas y cada una estas aspiraciones. El futuro es conquistar mayores cotas de la autonomía que nos definen como lo hace y también identifica nuestra defensa de la legalidad y la ecuanimidad desde el momento en que encaramos la toma de resoluciones. Contamos con la fuerza de un colectivo de hombres y mujeres con vocación de servicio público y una genial capacitación técnico jurídica. Seguimos trabajando”, concluía Delgado.

Lesmes solicita mayor “claridad normativa” para el Covid-19

Por su parte, el presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aseguraba que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de salvedad, que demanda ulterior control judicial incluso bajo el estado de alarma.

Según Lesmes, es precisa “una mejor delimitación” de la precisa ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en virtud de la legalidad ordinaria: “Si tal claridad normativa siempre y en toda circunstancia es deseable, debemos demandarla con mayor intensidad tratándose de medidas que, aunque es verdad que resultan precisas para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan de manera directa al ejercicio de nuestros derechos más básicos”.

Por último, ha insistido en que la renovación del CGPJ “prosigue sin generarse a pesar de que la venimos demandando con insistencia. Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del orden de cada Consejo, con lo que me veo en la obligación de rogar de nuevo a los poderes públicos concernidos a renovar la corporación sin mayores dilaciones”.

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