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Andalucía impone una sanción de 300.001 euros al dueño del pozo en el que murió Julen

1 septiembre 2020
Andalucía impone una sanción de 300.001 euros al dueño del pozo en el que murió Julen

La Junta de Andalucía ha impuesto una multa al dueño del pozo en el que murió el joven Julen ya hace año y medio. La sanción asciende a 300.001 euros debido a que ha sido tratado el caso como infracción muy grave.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado, a instancias de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, sancionar al dueño de la finca de Totalán (Málaga), en la que murió Julen tras caer a un pozo en el primer mes del año de 2019, con una multa propuesta de 300.001 euros por la comisión de una infracción de carácter muy grave en materia de seguridad minera.

Así lo ha informado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública y también Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la conferencia de prensa siguiente a la asamblea del Consejo, apuntando que «evidentemente nuestra voluntad es que si se pone una sanción, que se ejecute, sin duda».

El 15 de enero del año pasado, el pequeño, de un par de años, se precipitó por un foso excavado en el rincón llamado Cerro de la Corona, en el término municipal de Totalán, sitio en el que los técnicos de la Junta de Andalucía comprobaron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas que «no se halla tapado ni entubado».

Días después, el 26 de enero, merced a la participación de los equipos de rescate, se encontró el cadáver del menor dentro del convocado pozo.

El ocho de febrero de 2019, la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga comunicó a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que el titular catastral de la parcela donde se encuentra el pozo no contaba con la autorización anterior de las obras de captación de aguas subterráneas ni con una petición para esto, «ni había presentado el proyecto técnico de las obras», ha apuntado Bendodo.

Un mes después, el 12 de marzo, y basándose en un informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga comunicó que existen «dos prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales efectuados a percusión»; el primero tapado o bien sellado y el segundo «sin entubar y sin protección alguna, siendo este último en el que cae el menor».

El informe de la Guardia Civil señalaba que las obras efectuadas «carecen de las autorizaciones administrativas exigibles para su ejecución», y ponía de manifiesto que no se tomaron las medidas de seguridad establecidas para eludir un accidente, primordialmente en el pozo al que cayó el pequeño.

Por esto, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas acordó el comienzo de un procedimiento sancionador contra el dueño de los terrenos el 18 de junio de 2019. El procedimiento se gestiona en la Delegación del Gobierno en Málaga, nombrándose un instructor, que, una vez finalizada su tarea, emite propuesta de resolución.

Contra esta, que plantea una multa de 300.001 euros por la comisión de una infracción de carácter muy grave en materia de seguridad minera, la defensa del sancionado no ha presentado alegaciones.

De igual forma, el pasado 13 de febrero el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación de la Junta en Málaga recibió copia de la sentencia firme dictada el 23 de enero por el Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga, que establece como hechos demostrados que el dueño de la finca «contrató verbalmente» la ejecución de unas perforaciones para captación de aguas subterráneas.

También se recoge como demostrado que, si bien en un primer instante el dueño tapó el pozo con «dos bloques de hormigón», más tarde el acusado los movió y, «faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el pozo».

Por otro lado, la Delegación de la Junta en Málaga ha gestionado un expediente sancionador contra la compañía que efectuó las perforaciones por la comisión de una infracción de carácter grave en materia de seguridad minera, recogida en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, por actividades reguladas en tal ley sin la dirección facultativa demandada.

Además, asimismo por suprimir la aprobación anterior de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto pertinente. La propuesta de resolución plantea sancionar a la entidad responsable con una multa por importe de 30.001 euros.

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