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Almería, insostenible: recibe más de 4.000 ilegales en 2020 y amontona 419 casas okupadas en año y medio

2 noviembre 2020
Almería, insostenible: recibe más de 4.000 ilegales en 2020 y acumula 419 casas okupadas en año y medio

En lo que llevamos de año, más de 4.000 inmigrantes ilegales han llegado hasta Almería. A la par, la provincia ha sufrido un fuerte apogeo de las okupaciones, con un total de 419 en el último año y medio. Dos realidades, que golpean a la provincia andaluza frente a la pasividad del Gobierno, que prosigue con su ‘efecto llamada’ sobre los inmigrantes y su ‘mirada hacia otro lado’ con los okupas. Los almerienses, mientras que, demandan soluciones.

La situación es insostenible para los almerienses, que veían de qué forma, ya en el mes de julio, más de tres.000 inmigrantes ilegales llegaban a la provincia, por medio de 269 pateras. Concretamente, eran ya 3.092 indocumentados los que habían alcanzado la costa de Almería hasta el mes de julio 2020. Entre estos inmigrantes que había identificado la Policía Nacional, había 160 menores. Hoy, fuentes conocedoras aseguran que la cantidad ha aumentado hasta superar los cuatro.000.

Okupaciones

Por otro lado, el miembro del Congreso de los Diputados del Partido Popular de Almería Miguel Ángel Castellón ha informado de que ha recibido una contestación del Gobierno de Pedro Sánchez en la que el Ministerio de Interior «reconoce que se han producido un total de 419 ocupaciones ilegales en la provincia de Almería en el último año y medio», específicamente detallan que a lo largo del 2019 hubo 294 ocupaciones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 125 en los primeros 6 meses del año 2020.

En una nota de prensa, Castellón asevera que de este modo el Gobierno de Sánchez «da la razón al PP que lleva tiempo denunciando un arduo problema que ha ido en incremento en los últimos tiempos y que supone un esencial perjuicio para personas trabajadoras que con sus ahorros han adquirido una residencia que más tarde ha sido ocupada».

Por ello, el Partido Popular va a presentar en los próximos plenos del ayuntamiento que se festejen en los municipios de la provincia una petición para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que de forma urgente se apruebe una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada, «así como que combata de forma eficaz la ocupación ilegal de residencias que conforme los últimos datos publicados ha crecido un 58% en este país en los últimos 5 años, pasando de siete.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018».

El miembro del Congreso de los Diputados nacional explica que «la ocupación ilegal es un inconveniente creciente en este país que no únicamente ataca el derecho a la residencia y a la propiedad privada recogidos en la Constitución de España (artículos 47 y 33 respectivamente) sino, además de esto, altera gravemente la convivencia vecinal y pone bajo riesgo la seguridad y también integridad de personas y recursos por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlas de forma ilegal a personas o bien familias en situación de vulnerabilidad, o bien para lograr del lícito dueño dinero a cambio de desocupar la residencia usurpada ilegalmente».

Castellón resalta que el Partido Popular «apuesta por reforzar el ordenamiento jurídico a fin de que los ocupas no puedan protegerse en ningún vacío legal y resguardar y asegurar de forma contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica aparte de batallar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio».

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por una parte, fortalece el término de domicilio mas ligado al del lícito dueño, poseedor o bien titular de un derecho sobre la cosa inmueble, en frente de quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Y por otra parte, define por vez primera de forma indudable qué es la ocupación ilegal, «la posesión o bien disfrute de cosa inmueble extraña, sin pago de renta o bien merced, ni razón de derecho, que no se halla amparada en la pura liberalidad o bien tolerancia del dueño o bien poseedor real».

Así, Castellón explica que esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o bien sus agentes van a poder desocupar las residencias ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin precisar aguardar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona anotada sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar esta clase de criminalidad y regula nuevas penas para quienes promuevan la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

Finalmente, el miembro del Congreso de los Diputados del Partido Popular recuerda a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la okupación «es un inconveniente de las clases medias, trabajadoras y humildes que solamente pretenden es que se les garantice su derecho a vivir en paz y también invertir sus ahorros en una residencia con la garantía de que no se la van a ocupar».

«Nuestro Plan Antiocupación prueba que el Partido Popular está a la vera de los españoles y que nos preocupan los inconvenientes reales de la gente mientras que el Gobierno mira cara otro lado y no garantiza el derecho de los dueños a gozar de sus bienes», concluye.

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